"El distractor nacional" (1 de junio, 2014)
John M. Ackerman
El plan de votar las retrógradas reformas en las materias energética y
de telecomunicaciones durante la celebración de la Copa Mundial de
Futbol es un claro indicador de la enorme vulnerabilidad del régimen.
Si Enrique Peña Nieto se sintiera seguro en su trono y con plena
legitimidad social no sería necesario esconderse detrás de un
espectáculo deportivo para distraer a la población. Al contrario, un
gobierno fuerte y con solidez democrática tomaría su tiempo para
convencer a los ciudadanos de las supuestas bondades de sus iniciativas
en lugar de agravar el malestar social con un apresuramiento político
innecesario e inútil.
Los únicos que tienen prisa para aprobar las reformas son las empresas y
los individuos que se beneficiarán de ellas. Televisa, Shell, Pedro
Joaquín Coldwell, Carlos Slim, Luis Videgaray, Emilio Azcárraga y una
infinidad de especuladores financieros, televisivos y petroleros rondan
como buitres sobre el cadáver descuartizado del Estado mexicano, listos
para satisfacer sus voraces apetitos. Están desesperados por concretar
el saqueo y la censura antes de que la ciudadanía se dé cuenta de que el
rey camina completamente desnudo por las calles.
En contraste, el mejor escenario desde un punto de vista ciudadano sería
dedicar todo el tiempo necesario para involucrar a los mexicanos en la
discusión, la consulta y el debate de una serie de reformas que afectan
profundamente tanto a sus bolsillos como a sus derechos fundamentales.
Los procesos de deliberación democrática normalmente toman más tiempo,
pero siempre generan resultados más equilibrados y justos para todos.
“Despacio, que tengo prisa”, reza el sabio dicho mexicano.
Las reformas energética y de telecomunicaciones son demasiado
importantes para dejarlas en manos de una clase política corrupta y
desacreditada. En lugar de apresurar irresponsablemente su aprobación,
debería abrirse la cancha a una serie de debates públicos sobre el
presente y el futuro de la nación, así como en torno al papel que juegan
el oro negro y los medios de comunicación en la sociedad. Esta
exigencia central de Alfonso Cuarón, a la cual se han sumado cientos de
colectivos y millones de mexicanos, ha sido totalmente ignorada tanto
por los poderes públicos como por los privados.
La pasarela de opiniones de “expertos” en un Senado de la República cuya
pluralidad ha sido anulada por inconfesables negociaciones políticas,
de ninguna manera constituye un debate público auténtico. La serie de
“entrevistas”, o más bien monólogos, de integrantes del gabinete federal
en prominentes noticieros de televisión y radio tampoco satisface los
requerimientos del diálogo democrático. Y el supuesto “diálogo por
internet” con funcionarios federales escondidos detrás de preguntas
preseleccionadas en Google Hangout no es más que una burla a la
inteligencia del pueblo mexicano.
La buena noticia es que hace dos años le salió el tiro por la culata al
régimen. Primero creció la indignación en las redes sociales por medio
del hashtag #QueremosDebateNoFutbol. Y posteriormente, apenas cinco
días después del primer debate silenciado, el viernes 11 de mayo, se
levantó la voz de los valientes jóvenes de la Universidad
Iberoamericana, lo cual transformó por completo la dinámica del proceso
electoral. En la actualidad, la sordera intolerante del Ejecutivo
Federal y de Televisa tendría que generar una respuesta similar de parte
de la sociedad.
Es importante mencionar que la opacidad y la cerrazón no solamente son
indeseables en sí, sino que también generan graves desequilibrios
sociales. Por ejemplo, el desastre financiero y la crisis política con
los cuales culminó su sexenio Carlos Salinas de Gortari en 1994 fueron
los resultados directos del centralismo autoritario desplegado durante
su mandato. Protegidos de la ciudadanía por un grueso velo de opacidad e
impunidad, los funcionarios salinistas repartieron sin rubor el pastel
de las privatizaciones, hundieron la economía en un hoyo negro y
polarizaron políticamente a la población. Si Peña Nieto no da pronto un
golpe de timón en su conducción política, la crisis de 2018 muy
probablemente será aún más profunda que la de hace 20 años.
También habría que emplazar tanto a periodistas de manera individual
como al Instituto Nacional Electoral (INE) a cumplir con sus
responsabilidades públicas. Más allá de las filias y las fobias de los
dueños de los medios donde laboran, se supone que los conductores de los
noticieros y de los programas de análisis del país tendrían libertad
para convocar a sus propios debates entre integrantes del gabinete
federal y destacados críticos de las reformas. Su silencio cómplice hoy
los compromete a todos. Asimismo, como la institución a cargo de
garantizar el buen funcionamiento de la democracia en México, el INE
también tendría la responsabilidad de intervenir directamente para
fomentar el debate público informado y la equidad informativa en los
debates sobre las reformas energética y de telecomunicaciones.
Pero más allá de lo que hagan o dejen de hacer los poderosos, los de
abajo no podemos esperar sentados. Habría que actuar ahora, y de manera
coordinada, antes de que sea demasiado tarde.
Twitter: @JohnMAckerman
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
(Publicado en Revista Proceso No. 1961)
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