A pesar de que Enrique Ochoa Reza renunció voluntariamente a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, cobró una liquidación de un millón 206 mil pesos
cinco veces mayor a la que le correspondía. El actual dirigente nacional del PRI, que se proclama “zar anticorrupción”, recurrió a un retorcido proceso administrativo –“legal”, asegura él; “indebido”, sostiene un especialista en derecho laboral— para obtener su millonaria liquidación. Los engranajes de dicho proceso son expuestos por una investigación de la alianza Méxicoleaks –de la que este semanario forma parte—, realizada con base en documentos filtrados a su plataforma digital.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La renuncia de Enrique Ochoa Reza a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue costosa para el erario: el actual dirigente del PRI recibió una liquidación de un millón 206 mil 271 pesos por haber trabajado en esa empresa del Estado apenas 2 años con 155 días; es decir, de un jalón recibió el equivalente a nueve meses de su salario.
Sólo que no le tocaba ese monto, afirma el abogado Manuel Fuentes Muñiz, especialista en derecho laboral. La razón: se separó voluntariamente de su cargo.
La fracción primera del artículo 33 del Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando de la CFE establece que, “en casos de separación voluntaria por cualquier causa”, esta empresa otorgará una “compensación” al funcionario sólo después de que éste haya cumplido tres años de servicio… y a Ochoa le faltaban siete meses.
La “separación voluntaria” de Ochoa Reza al frente de la CFE quedó documentada en la carta que le envió al presidente Enrique Peña Nieto el pasado 8 de julio:
“El día de hoy le solicito con todo respeto me permita concluir este ciclo (como director de la CFE), por lo cual le presento a usted mi renuncia a dicho cargo”, escribió.
“El motivo de mi renuncia obedece a la aspiración de participar en el proceso interno para la elección de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de mi Partido, el Revolucionario Institucional”, agregó.
Sin embargo, ese mismo día, Ochoa –quien como dirigente del PRI encabeza una “cruzada contra la corrupción” y acusa al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de mentir en su declaración “3de3”— acordó con la CFE un “dictamen de terminación laboral” para obtener una liquidación cinco veces mayor a la que le correspondía. Fundamentó su petición en la fracción segunda del artículo 33 del mencionado Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando, que establece el pago de liquidación en caso de separación no voluntaria del cargo.

El pago a Ochoa Reza fue indebido. De acuerdo con el Manual le tocaba ser liquidado con base en el supuesto de la renuncia voluntaria, no de la liquidación”, afirma Manuel Fuentes Muñiz, catedrático de la UAM y especialista en derecho laboral.
Señala que el Órgano Interno de Control de la CFE debe tomar cartas en el asunto y, en su caso, “fincar responsabilidades” a los funcionarios que cometieron esta “falta administrativa”. Incluso, considera que la Secretaría de la Función Pública “tendría que intervenir y plantearse el ejercicio de acciones penales, dado que existe la presunción del uso indebido de recursos públicos”.
Ochoa Reza por su parte sostiene que su proceso de liquidación fue legal e idéntico al que se aplicó con sus predecesores en los últimos 15 años. Afirma que él fue sólo un “sujeto pasivo” de un trámite interno de la CFE ya establecido. Reconoce que su separación fue “voluntaria”, pero afirma que la normatividad “no distingue” cuando ésta debe o no ser voluntaria. Asegura que con base en dicha normatividad se calculó “cómo terminaría mi relación laboral con la empresa”.
La alianza Méxicoleaks –de la que Proceso forma parte—realizó una investigación periodística sobre el proceso administrativo que permitió al actual presidente nacional del PRI cobrar una liquidación millonaria. Para ello se basó en documentos filtrados a través de su 
plataforma digital.
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